Financial inclusion and financial health are much more than economic tools: they are a foundation for equity and social justice. When women have access to opportunities to save, manage their money, and obtain fair credit, they can transform not only their own lives but also those of their families and communities. However, for many women living in extreme poverty—especially in rural areas of southern Mexico—this right remains difficult to attain.

The 2023 National Financial Health Survey offers data that illustrates this reality: in Chiapas, only 35.8% of people over the age of 18 have any form of savings, compared to a national average of 52%. In Oaxaca, just 51.5% have savings for emergencies, and more than half experience financial stress. Nationally, 30.5% of people cannot cover their monthly expenses without resorting to debt, and women in the south of the country face the highest levels of financial vulnerability, with 34.6% lacking the economic resilience to weather major financial shocks.

These inequalities are especially pronounced in states such as Chiapas, Guerrero, and Oaxaca, which have the highest percentages of people living in extreme poverty in all of Mexico. Moreover, achieving adequate financial health does not depend solely on individual effort, but also on the broader context. The lack of financial infrastructure, high costs, discrimination, and the scarcity of services tailored to their realities prevent many women from building a solid foundation for prosperity.

In this context, community strategies have been a key response in opening new opportunities. Community savings and credit groups have shown that it is possible to generate profound change in the lives of women and their families. Globally, an estimated 500 million people participate in such groups—80% of them women. Through these groups, participants gain access to regular savings, affordable credit, increased income through new businesses, greater decision-making power at home and in the community, and safe spaces of mutual support that reinforce their participation.

A concrete example is the FUERTE Project, supported by the MetLife Foundation, which has worked with 6,051 women across 153 communities in Chiapas and Oaxaca through the formation of 260 savings groups. Before the project, only 7% of participants saved regularly. Through their involvement in the groups, all of them began saving, and 76% turned saving into a sustained habit, continuing even after the project ended. As a result, they accumulated 14 million pesos (approx. 700,000 USD), most of which was reinvested into their businesses to strengthen and grow them.

Within the groups, more than 2,000 nano-loans were issued, totaling over $300,000. Sixty-eight percent of these loans supported business activities, and at the same time, women created solidarity funds for emergencies. The impact was also reflected in income growth: 66% of participants started new businesses, and over 75% have managed to keep them running long-term. The benefits extended beyond economics: 84% of participants now make decisions about their income, 87% about their health, and 72% feel they have greater power to make decisions at home. Many have also taken on new roles in their communities, with 30% holding leadership positions in savings group committees.

This is the power of financial inclusion when it is community-driven, participatory, and culturally relevant: it not only improves income and savings, but also strengthens women’s dignity and voice, laying a solid foundation for their families and communities to thrive. By improving the financial health of the most vulnerable women, we not only promote economic development—we take a vital step toward true social justice.

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La inclusión financiera como camino hacia la justicia social

La inclusión y la salud financiera son mucho más que herramientas económicas: constituyen una base para la equidad y la justicia social. Cuando las mujeres tienen acceso a oportunidades para ahorrar, gestionar su dinero y acceder a créditos justos, pueden transformar no solo sus propias vidas, sino también las de sus familias y comunidades. Sin embargo, para muchas mujeres en situación de pobreza extrema, sobre todo en zonas rurales del sur de México, este derecho sigue siendo una meta difícil de alcanzar.

La Encuesta Nacional de Salud Financiera 2023 ofrece datos que ilustran esta realidad: en Chiapas solo un 35.8% de las personas mayores de 18 años tiene algún tipo de ahorro, cuando el promedio nacional es del 52%. Por su parte, en Oaxaca solo el 51.5% cuenta con ahorros para emergencias y más de la mitad sufre estrés financiero. A nivel nacional, el 30.5% de las personas no pueden cubrir sus gastos mensuales sin recurrir a deudas, y las mujeres del sur del país enfrentan los niveles más altos de vulnerabilidad financiera, con un 34.6% que no cuenta con la resiliencia económica para superar grandes imprevistos.

Estas desigualdades son especialmente agudas en estados como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, que presentan los mayores porcentajes de población en situación de pobreza extrema en todo México. Además, las condiciones para lograr una adecuada salud financiera no solo dependen del esfuerzo personal, sino también del entorno. La falta de infraestructura financiera, los altos costos, la discriminación y la escasez de servicios adaptados a sus realidades impiden que muchas mujeres tengan una base sólida para prosperar.

En este escenario, las estrategias comunitarias han sido una respuesta clave para abrir oportunidades. Los grupos de ahorro y crédito comunitario han demostrado que es posible generar cambios profundos en la economía de las mujeres y de sus familias. En todo el mundo, se estima que 500 millones de personas participan en este tipo de grupos, y el 80% son mujeres. A través de ellos, las participantes acceden a ahorros regulares, créditos accesibles, mayores ingresos gracias a nuevos negocios, mayor capacidad de decisión en el hogar y en la comunidad, además de espacios de apoyo y confianza que fortalecen su participación.

Un ejemplo concreto es el Proyecto FUERTE, apoyado por la Fundación MetLife, que ha acompañado a 6,051 mujeres en 153 comunidades de Chiapas y Oaxaca mediante la formación de 260 grupos de ahorro. Antes de este proyecto, solo el 7% de las participantes ahorraba regularmente. Gracias a su participación en los grupos, todas lograron ahorrar y el 76% convirtió el ahorro en un hábito que mantuvieron incluso al finalizar el proyecto. Como resultado, lograron acumular 14 millones de pesos (ca. 700,000 USD), que en su mayoría se reinvirtieron en sus negocios para fortalecerlos y hacerlos crecer.

Al interior de los grupos, también se otorgaron más de 2,000 nano-créditos por un monto acumulado superior a los 300,000 dólares. El 68% de estos créditos sirvieron para apoyar sus negocios y, al mismo tiempo, las mujeres crearon fondos solidarios para emergencias. Además, el impacto se vio reflejado en el aumento de ingresos, ya que el 66% de ellas creó nuevos negocios y más del 75% ha logrado mantenerlos en operación a largo plazo. Este tipo de experiencias ha traído consigo cambios más allá de la economía: el 84% de las participantes ahora toma decisiones sobre sus ingresos, el 87% sobre su salud y el 72% siente que tiene mayor poder para decidir en su hogar. Asimismo, muchas han asumido nuevos roles en sus comunidades y el 30% ha ocupado cargos en los comités de ahorro.

Este es el poder de la inclusión financiera cuando es comunitaria, participativa y culturalmente relevante: no solo mejora ingresos y ahorro, también fortalece la dignidad y la voz de las mujeres, y siembra bases sólidas para que sus familias y comunidades prosperen. Así, al fortalecer la salud financiera de las mujeres que viven en mayor vulnerabilidad, no solo se promueve el desarrollo económico, sino que se da un paso esencial hacia la verdadera justicia social.

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